El Gobierno portugués culpa al Constitucional de crear inestabilidad - El País -

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Pedro Passos Coelho en el parlamento. / Francisco Seco (AP)

 

El Gobierno portugués acusa al Tribunal Constitucional, directamente, de comprometer la estabilidad financiera del país al crearle, declarando inconstitucionales un paquete de medidas del presupuesto en vigor, un agujero de cerca de 1.350 millones de euros. Eso es lo que costará abonar las pagas extras a los jubilados y funcionarios, que el Gobierno tenía pensado ahorrarse, y devolver –ya que el dictamen se debe aplicar retrospectivamente desde el 1 de enero - lo recortado ya en rebajas en los subsidios de desempleo y de enfermedad.

 

En una breve declaración sin preguntas, el secretario de Estado de Presidencia, Luis Marques Guedes, aseguró que el Gobierno portugués “acepta pero no está de acuerdo” con las decisiones del tribunal. Y añade que no puede dejar de “alertar a los portugueses de los riesgos” que la decisión de los jueces acarrean. En especial afecta “a la credibilidad externa en vísperas de una crucial reunión”. El dirigente portugués se refiere a la decisiva reunión de los miembros del Ecofín en Berlín que, en teoría, iban a aprobar un alargamiento de los vencimientos de los pagos del macro-préstamo de 78.000 millones de euros que Portugal solicitó a la troika en 2011.

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Portugal lo había pedido debido a que algunos de los plazos se solapaban con los de pagos comprometidos de deuda soberana. Es decir: según el Gobierno, el Tribunal Constitucional vuelve a colocar a Portugal al borde del abismo. Marquez Guedes leyó la declaración al término de un consejo extraordinario de ministros que duró tres horas y media.

 

Tras la reunión, el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, se citó de urgencia con el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido. El jefe de Estado, para acallar los comentarios sobre una posible dimisión en bloque del Gobierno manifestó posteriormente que el Ejecutivo "dispone de condiciones para cumplir su mandato". El propio Passos Coelho hará este domingo una declaración al país a las 19.30 (hora española).

 

La mayoría de analistas y expertos consultados por la prensa y las distintas cadenas televisivas auguran que no habrá otra manera que negociar con la troika acreedora a fin de que ésta le dé más tiempo o más margen para cumplir los objetivos de déficit. Ya lo hizo hace tres semanas: el 15 de marzo, en la séptima inspección de los representantes de la troika, éstos aceptaron que Portugal acabara 2013 con un déficit del 5,5%, un punto por encima de lo acordado cuando, precisamente, se aprobó este presupuesto ahora cuestionado.

La cantidad de dinero que el Gobierno gasta o deja de ingresar por el fallo del tribunal equivale, según algunos cálculos de la prensa portuguesa, a no llegar más allá del 6,3%, con lo que la negociación con la troika se impone. Otra de las medidas barajadas es subir el IVA, que actualmente, en Portugal, ya llega al 23%. Pero dada la anemia del comercio interior (debido a la aplicación de la austeridad a machamartillo, a los recortes y a la subida de impuestos) los expertos temen que no sea muy efectiva.

 

La decisión del Tribunal Constitucional ha sacudido el país entero. Desde Paula Tomas, una profesora de instituto que permaneció pegada el viernes por la noche al televisor para enterarse de que este verano, por fin, va a cobrar los 1.800 euros hasta el primer ministro, que convocó el viernes el consejo extraordinario de ministros del que salió la declaración citada. El semanario Expresso, en su edición del sábado, mencionó el testimonio de dos ministros -sin citarlos- que aseguraban que el Gobierno esperaba un rechazo del tribunal pero que les sorprendió la cuantía. Alguno hablaba de “misión imposible” la de tratar de cuadrar las cuentas con este agujero delante. Otro añadía: “Para esto no hay plan B ni plan C ni nada”. La vicepresidenta del PSP, partido del Gobierno, Teresa Leal Coelho, confiesa que se sienten “preocupados y perplejos”. Y en una entrevista en la televisión portuguesa añadió: “El tribunal debía de haber observado el contexto económico y financiero del país. Y déjenme que les diga que este no es un problema para el Gobierno; este es un problema para el país”.

 

Mientras, la oposición ha volado conscientemente los puentes con el Gobierno. El secretario general del Partido Socialista portugués (PS) se ha negado a colaborar con la búsqueda de soluciones: “Quien ha creado el problema que encuentre el remedio”, se dice preparado “para sustituir al Gobierno” y hoy, en una entrevista a la cadena de televisión SIC pidió un adelanto de elecciones: “En este momento el país necesita de cambiar de rumbo, necesita un nuevo Gobierno que no liquide el Estado social nacido el 25 de Abril. Y las elecciones son una solución para la crisis que nosotros atravesamos”. También el Bloque de Izquierda pidió, poco antes de que Gobierno compareciera para dar su versión, la dimisión automática del primer ministro y la convocatoria inmediata de elecciones.

 

El Tribunal Constitucional apeló al principio de la igualdad y a la equidad a la hora de tumbar las medidas tachadas de inconstitucionales. A los pensionistas, uno de los sectores más castigados por la última ola de recortes, la decisión de los trece jueces portugueses les ha dejado, a pesar de todo, algo frustrados. Es cierto que gozarán este verano de una paga extra que, en teoría, había volado sin fecha de vuelta. Pero también que el Tribunal Constitucional declaró legal la denominada Tasa Especial de Solidaridad, esto es, un impuesto progresivo que se aplica a todos los jubilados con una pensión mayor de 1.350 euros. Alguien con una pensión de 1.900 entrega, en virtud de esta tasa, 90. Y lo seguirá haciendo.